Huelga indefinida en la Administración de Justicia

El responsable de UGT Justicia Castilla-La Mancha, Don Antonio Marín, con un comunicado oficial, lamenta la «incapacidad y la falta de voluntad absoluta de negociación» por parte del Ministerio de Justicia, por un «inmovilismo irracional» ante las pretensiones laborales de mas de 40.000 funcionarios de justicia en toda España. A pensar de la pasada huelga el Ministerio de Justicia sigue sin convocar a los sindicatos a la mesa de negociación para solucionar el conflicto.

Por lo representante sindicales este es un claro desprecio a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, mientras la ministra llega a acuerdos con las asociaciones de jueces y fiscales, pero parece olvidarse del resto de trabajadores de la administración. 

Tan grande es el problema que el mismo responsable de UGT Justicia, Antonio Marín ha vuelto a solicitar la dimisión de la ministra de Justicia Pilar Llop si se mantiene en su postura inmovilista de no negociar, «una postura que supone un claro atentado al derecho a la negociación colectiva recogido en el artículo 37 de nuestra Constitución».

¿Pero, que es lo que quieren los trabajadoras y trabajadores de administración de Justicia? Segundo lo sindicatos un mejoras salariales y laborales como las que ya ha acordado el Gobierno con los letrados y las que está a punto de firmar con jueces y fiscales. El 14 de abril 2023, el Comité de huelga presentó al Ministerio de Hacienda cuatro reivindicaciones. La primera de ellas hace referencia a un aumento salarial lineal de entre 350 y 430 euros, así explicado:

Un incremento de 430 euros al mes para los médicos forenses y facultativos, pertenecientes a la categoría A1.
Un incremento de 400 euros más al mes para los funcionarios de Gestión y técnicos especialistas de laboratorio de la categoría A2. Un incremento de 375 euros al mes para los profesionales de Tramitación y ayudantes de laboratorio que componen la categoría C1. Un incremento de 350 euros mensuales adicionales para los funcionarios de Auxilio Judicial de la categoría C2.

Además se presentó a una propuesta de mejora de la Administración de Justicia a través de la definición de las funciones que cada cuerpo debe desempeñar en la tramitación de los procedimientos. 

Los funcionarios que van a la huelga indefinida también demandan un “papel esencial en cualquier reforma de la administración de Justicia”. Concretamente, buscan el inicio de una negociación pactada de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.

Asimismo, estos profesionales reclaman la implantación de la carrera profesional y la  eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, reduciendo a uno solo los cuatro grupos existentes.